Nuestro ordenamiento jurídico y sociedad es históricamente conflictivo; quizás tiene origen en el sometimiento español hasta lograr la liberación de ese yugo, o actualmente ese deseo de conflicto puede adjudicársele a esa abundante, inoficiosa y mutante normativa, legislación, garantías y derechos, que están a la merced de ser interpretados por cualquier persona no apta para tal efecto.
Para solucionar un conflicto tenemos 2 opciones:
- Atribuir al Estado la facultad de dirimir tales conflictos, a través de elegir una defensa y/o patrocinio técnico jurídico, quien a su saber y entender, busque justicia apegado a los derechos e intereses individuales o colectivos de su contratante.
- La negociación privada; y, la aplicación de medios alternativos a la solución de conflictos como lo son las mediaciones y los arbitrajes.