Nace del principio del derecho, y forma parte de los Principios de Derecho Constitucional, este principio se refiere a la aplicación de un criterio utilitario y de eficiencia, desde el punto de vista de la minimización del tiempo, trabajo y dinero dentro de la actividad jurisdiccional.
Permite que el proceso judicial sea más oportuno, accesible y justo para las partes procesales, si el tiempo y los costos se reducen para resolver un conflicto de manera justa.